El nuevo Código Penal de la República Dominicana, que entrará en vigencia próximamente, contempla sanciones penales contra los agentes de la fuerza pública que impidan ser grabados durante el ejercicio de sus funciones. Según lo establecido, los militares y policías que incurran en estas acciones podrían enfrentar penas que van desde los 15 días hasta un año de prisión. Esta medida busca garantizar la transparencia y el derecho de la ciudadanía a documentar las actuaciones de las autoridades en espacios públicos.
La normativa establece que cualquier intento de obstruir la grabación de un procedimiento oficial será considerado una supuesta falta grave bajo el nuevo esquema legal. Con esta disposición, el Estado dominicano pretende fortalecer los mecanismos de control sobre el comportamiento de los uniformados y prevenir abusos de autoridad. Se espera que la implementación de esta ley contribuya a una relación más equitativa entre los ciudadanos y los agentes del orden, promoviendo el respeto mutuo durante las intervenciones.
