La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia confirmó en sus aspectos esenciales la condena de 12 años de reclusión mayor impuesta contra Yokaira Julianny Sosa Asencio, mediante la sentencia núm. SCJ-SS-26-0392, emitida el 31 de marzo de 2026.
La Alta Corte rechazó los principales argumentos presentados en el recurso de casación, al considerar que no se configuraron violaciones al debido proceso ni al derecho de defensa durante las etapas anteriores del juicio.
Rechazo del recurso de casación
En su decisión, el tribunal explicó que durante el juicio de fondo el Ministerio Público solicitó la incorporación en bloque de pruebas digitales, específicamente una memoria USB y un disco compacto, proponiendo además que su contenido fuera dado por estipulado.
Esta modalidad no fue objetada por la defensa técnica que representaba a la imputada en ese momento, lo que resultó determinante en la valoración posterior del caso.
De acuerdo con el análisis de la Suprema Corte, la defensa no solo consintió la incorporación de dichos elementos probatorios, sino que también reconoció su contenido, dejando constancia de que cualquier cuestionamiento sería planteado en una fase procesal distinta.
Incorporación de pruebas digitales
En ese sentido, el tribunal concluyó que no era válido alegar posteriormente una afectación al derecho de defensa respecto a actuaciones que fueron previamente aceptadas sin oposición.
