Un total de sesenta y nueve funcionarios públicos de alto nivel fueron identificados con registros activos como proveedores del Estado dominicano por la institución.
Esta condición está expresamente prohibida por la Ley de Contrataciones Públicas lo que llevó a disponer la suspensión de oficio de sus registros actuales.
Entre los casos de mayor jerarquía figuran el ministro Joel Santos Echavarría y también el exministro de Salud Pública Víctor Elías Atallah Lajam recientemente.
Asimismo se incluye al ministro Francisco Oliverio Espaillat Bencosme quien actualmente lidera la cartera de Agricultura apareciendo en el listado oficial del Gobierno.
La normativa vigente establece que altos cargos no pueden contratar ni formar parte de empresas proveedoras como parte de un régimen de inhabilidades absolutas.
Esta disposición busca evitar conflictos de interés en el manejo de recursos públicos tras la entrada en vigencia de la nueva legislación nacional.
La inclusión en este listado no implica necesariamente contratos activos sino que estaban inscritos en el registro mientras ejercían sus altas funciones públicas.
Además de los ministros la medida impacta a un grupo amplio de viceministros directores ejecutivos y miembros destacados del cuerpo diplomático de la nación.
Embajadores y cónsules generales aparecen vinculados a sociedades comerciales lo que motivó la suspensión preventiva por parte de la Dirección de Contrataciones Públicas.
La institución explicó que la suspensión no tiene carácter sancionador sino que se trata de una medida administrativa preventiva para fortalecer la transparencia estatal.
La inhabilitación se mantendrá mientras los funcionarios permanezcan en sus cargos y se extenderá hasta seis meses después de su salida del Gobierno dominicano.
Esta acción administrativa busca garantizar el fiel cumplimiento de la ley y asegurar procesos de compras públicas mucho más éticos para todos los ciudadanos.
