Tic, tac, tic, tac, tic, tac… El reloj no se detiene. Para el mundo de las pequeñas y micro empresas (PYMES) que conforman un importante eslabón del cuerpo productivo de la República Dominicana, una fecha se destaca en el horizonte como un muro ineludible: el 15 de mayo de 2026. En ese día, la transición hacia la facturación electrónica dejará de ser una opción para convertirse en una obligación. La pregunta que resuena en minimarkets, barberías, salones de belleza, talleres y pequeñas oficinas es si este cambio representa una modernización necesaria o, como muchos temen, una nueva barrera comercial diseñada para un juego en el que no todos pueden competir.
La Ley 32-23, promulgada en mayo de 2023, ha seguido un cronograma de implementación escalonado. Se inició con los grandes contribuyentes nacionales en 2024, continuó este año con los medianos y grandes, y culminará en 2026 con el resto del entorno empresarial. La intención del legislador es clara y, en teoría, bien intencionada: aumentar la eficiencia y cerrar las brechas de la evasión fiscal. Sin embargo, la realidad operativa para una PYME es radicalmente distinta a la de una de las grandes empresas.
