Sigue juicio de la vicepresidente Margarita Cedeño contra Marcos Martínez
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El miércoles 5 del pasado mes de marzo, la señora vicepresidenta de la República estuvo presente junto a sus abogados en la audiencia donde se le conocería medidas de coerción al demandado, y que a los fines de garantizar su derecho a la defensa el licenciado Marcos Martínez Espaillat solicito y le fue concedido el aplazamiento de la misma, la cual fue fijada para mañana martes primero de abril.
Se espera que la señora Margarita Cedeño de Fernández, titular de la querella, esté presente en el tribunal.
Por su parte el comunicador y Abogado Marcos Martínez Espaillat, ha confirmado que junto a sus abogados y como siempre lo ha hecho estará presente en la audiencia. Se recuerda que el doctor Francisco Hernández y el licenciado Manny Sierra encabezan la barra de defensa del comunicador, frente a la envestida de la señora vicepresidenta de la República Margarita Cedeño de Fernández y sus abogados, en este proceso que más que una acción penal, parece conducirse hacia un juicio político.
El Abogado y comunicador Marcos Martínez reitera:
“Que según se ha podido conocer, las pretensiones de la accionante de imponer una fianza de CINCO (5, 000,000.00) MILLONES de pesos en efectivo, visitas periódicas semanales e impedimento de salida, tienen el claro propósito de presionar al licenciado Martínez a los fines de lograr una retractación de las declaraciones que durante la campaña electoral del año 2012 este hiciera sobre la señora Cedeño de Fernández, quien formaba parte de la boleta presidencial del Partido de la Liberación Dominicana como candidata a la vicepresidencia de la República.
“He sido coherente con mis actos, responsables de mis hechos y frente a cada uno de ellos he asumido las consecuencias: Yo y mis abogados hemos estados presente voluntariamente en cada cita, tengo un domicilio estable y ejerzo mi labor de comunicador y abogado públicamente; de manera que independientemente de los méritos de la demanda, que no los tiene, seguiré ejerciendo mis derechos ciudadanos que me otorgan la constitución y las leyes”.
Esta acción encaminada a imponer medidas de coerción, contra una persona que no ha evadido el proceso, que no está en peligro de fuga y que desarrolla una vida normal en esta ciudad de Santiago y en el País, más que impartir justicia, es anti jurídica y evidentemente politiquera.”
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